Cuatro de cada 10
latinoamericanos son jóvenes. Son decisivos para la
democracia, el progreso tecnológico, la competitividad y
la calidad de la sociedad. Son la esperanza.
Hasta allí el discurso usual. En una América latina muy
desigual las realidades son diferentes para muchos de
ellos. Tienen problemas graves de supervivencia e
inclusión.
Sin embargo, en lugar de políticas orgánicas de
juventud, ha predominado la idea de que la juventud es
una especie de estado transitorio y los esfuerzos
efectuados configuran débiles políticas "cenicienta"
con pocos recursos.
Algunos temas que requieren atención urgente:
En educación, falta mucho. Sólo el 34.5% termina
el colegio secundario. En el 20% más pobre es el 12%.
Sin secundaria completa no se puede conseguir empleo en
la economía formal. Además el 80% de los hijos de padres
que no completaron la primaria tampoco la finalizan.
La tasa de desocupación juvenil más que duplica la
general. Sube asimismo la tasa de desaliento. El
Nobel de Economía Robert Solow indica que contra lo que
suponen los apologistas de la ortodoxia, cuando las
personas intentan una y otra vez conseguir trabajo y no
lo logran, no se produce un equilibrio entre oferta y
demanda a salarios más bajos, sino que muchos se
desalientan y se retiran del mercado de trabajo, para no
sufrir más frustraciones.
Crece la exclusión. Más de 50 millones de jóvenes
latinoamericanos están fuera del sistema educativo y del
mercado de trabajo. Su situación es explosiva. No tienen
acceso a un primer empleo, Terminan en mucho casos
generando grupos de parias en los márgenes de la
sociedad. Ella suele repudiar su presencia, exigiendo
que sean "disciplinados".
Muchos otros jóvenes desbordan la economía informal.
Trabajan en empleos de baja productividad: vendedores
ambulantes, cuentapropistas, empleadas domésticas. En el
2002, el 79% de los jóvenes de 15 a 29 años del 20% más
pobre se desempeñaba allí.
Con mejoras, continúa el sesgo de género. Hay un
50% más de desempleo femenino, un 12% más de
informalidad y una brecha de salarios a igual trabajo
cercana al 30%.
La brecha digital es muy pronunciada. Según los
datos de RITLA, a pesar del crecimiento de Internet los
usuarios son en América latina y el Caribe sólo el 3,2%.
Trabajo infantil. Hay en la región 20 millones de
niños menores de 14 años explotados laboralmente y 7
millones en las más degradantes tareas como la
prostitución, la pornografía y el tráfico de drogas.
Inexplicables problemas nutricionales. América
latina produce alimentos que permitirían satisfacer las
necesidades del triple de su población actual. Sin
embargo, 53 millones de personas carecen de alimentos
suficientes, 7% de los niños menores de 5 años de edad
tienen peso inferior al normal, 16% tienen baja talla
para su edad (CEPAL, Programa de Alimentos 2007). En
Guatemala son el 48%, en Nicaragua el 27%.
La condición de madre, con avances, sigue siendo
riesgosa. Según los datos de la Organización
Panamericana de la salud (2006), 91,3 madres mueren cada
100.000 nacimientos de niños vivos, casi 15 veces la
tasa del Canadá (6,9).
La mortalidad infantil, con progresos, está debajo de
las medias internacionales. 32 niños de cada 1.000
no llegan a cumplir los 5 años de edad, 10 veces la tasa
de Suecia y 9 la de Noruega.
Es mínima la cobertura de apoyo psicológico a
pesar de la situación de muy alto estrés en que viven
amplios contingentes de población joven por su
desinserción y exclusión.
La criminalidad juvenil crece. El total de
homicidios cada 100.000 habitantes pasó de 12,5 en 1980,
a 25,1 en el 2006. En algunos países, la principal causa
de muerte de jóvenes es la violencia.
La existencia de una bomba de tiempo conformada por
la juventud desocupada, sin esperanza, desinsertada
del sistema educativo y en muchos casos con familias
desestructuradas por la pobreza, crea vulnerabilidad.
Existe en la región criminalidad organizada, bandas de
drogas, secuestros, tráfico de personas, etc. a las que
debe aplicarse todo el peso de la ley. Y también existe
vulnerabilidad estructural que deja sin opciones a
muchos jóvenes que se inician con delitos menores.
Las reacciones parecen en muchos casos haber agravado
el cuadro. El refuerzo de las diversas formas de
mano dura frente a la población joven no hace más que
terminar de romper sus tenues vínculos con la sociedad.
Un estudio de USAID (2006) en varios países
centroamericanos encontró que la única relación de
muchos de los jóvenes excluidos con el Estado era la
Policía, y en su faz más represiva.
La mano dura aumentó la población carcelaria joven, pero
no redujo las tasas de delito por no atacar
sistemáticamente sus causas últimas. Se necesita más
trabajo, más educación, más familia.
Urge priorizar el tema de la juventud, generar políticas
sistemáticas y amplias concertaciones sociales. Deberán
fortalecerse —como se ha estado haciendo recientemente
en Argentina— las propuestas de educación para
desertores escolares, asegurar por medio de un pacto con
la empresa privada un primer empleo, mejorar la
protección en salud, promover el voluntariado —en el que
los jóvenes han demostrado gran interés— y trabajar
especialmente con los excluidos.
No se trata sólo de prevenir, sino de algo mucho más
amplio, de incluir, crear puentes. Hay buenas
experiencias en el país y la región. Ha llegado el
momento de convertirlas en políticas de Estado,
desmontar la bomba de tiempo y dar oportunidades reales
a los jóvenes latinoamericanos
